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40 resoluciones verificadas

Jurisprudencia de referencia

Resoluciones reales que marcan cómo se deciden hoy los asuntos que llevamos. Cada una enlaza a su texto oficial en CENDOJ, el Tribunal Constitucional, CURIA o EUR-Lex.

  1. STS 1542/2025, de 3 de noviembre · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    Separación del socio por dividendo inferior al mínimo del 348 bis

    Una sociedad de transporte con reservas superiores a 3,7 millones repartió 10.000 euros de un beneficio de 69.205, en torno al 14 %. Un socio que había votado a favor de distribuir ejerció el derecho de separación. La sociedad alegó que parte del resultado era extraordinario. La Audiencia de Madrid (Sección 28.ª) reconoció la separación y el Supremo la confirma.

    Doctrina. El art. 348 bis LSC protege el derecho al dividendo y su ejercicio queda sujeto a la buena fe. No hay abuso cuando concurren los requisitos legales y nada obligaba a compensar pérdidas antiguas con el beneficio del ejercicio.

    Mercantil y societarioEmpresa familiarTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2025:4809

  2. STJUE C-333/21, European Superleague Company · TJUE (Gran Sala) ·

    Superliga: las reglas de autorización previa de FIFA y UEFA

    La sociedad promotora de una nueva competición europea de clubes demandó a la FIFA y a la UEFA, que anunciaron sanciones a los clubes y jugadores participantes. El Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid preguntó al Tribunal de Justicia si las normas que exigen autorización previa para crear competiciones respetan el Derecho de la competencia.

    Doctrina. Es abuso de posición dominante y restricción de la competencia por objeto someter las nuevas competiciones a autorización previa y sanciones si esas facultades no se sujetan a criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados.

    Derecho deportivoCompetencia y UETexto oficial en EUR-LexECLI:EU:C:2023:1011

  3. STJUE C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring) · TJUE (Sala Primera) ·

    El scoring crediticio puede ser una decisión automatizada prohibida

    A una persona se le denegó un préstamo después de que una agencia privada de información comercial comunicara a la entidad una puntuación automática sobre su capacidad de pago. Pidió acceder a sus datos y suprimirlos. Un tribunal administrativo alemán preguntó si calcular esa puntuación es ya una decisión automatizada del art. 22 del RGPD.

    Doctrina. Generar automáticamente un valor de probabilidad sobre la solvencia de una persona es una decisión individual automatizada cuando de él depende de forma determinante que un tercero celebre, ejecute o termine un contrato con ella.

    Digital e IADatos y ciberseguridadRegulatorio y fintechTexto oficial en EUR-LexECLI:EU:C:2023:957

  4. STS 923/2023, de 12 de junio · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    Cártel de camiones: el juez puede estimar el sobreprecio

    Un transportista compró en 2008 un camión Iveco por 79.700 euros. Tras la Decisión de la Comisión Europea de 2016 que sancionó a los fabricantes, reclamó el sobreprecio con un informe pericial que no convenció. La Audiencia de Valencia fijó el daño en el 5 % del precio. El Supremo desestima los recursos de ambas partes.

    Doctrina. Las características del cártel permiten presumir que causó daño. Si el perjudicado hizo un esfuerzo probatorio razonable aunque su pericial no convenza, el tribunal puede estimar el perjuicio, aquí el 5 % del precio.

    Competencia y UELitigaciónTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2023:2492

  5. STS 9/2023, de 11 de enero · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    El juez puede ordenar el reparto del dividendo retenido abusivamente

    El socio con el 49 % de una limitada fue cesado como administrador y, desde entonces, la mayoría destinó a reservas los beneficios de 2014 y 2015. La Audiencia de A Coruña anuló los acuerdos por abusivos y ordenó repartir al menos el 75 %, como habían hecho los socios antes del conflicto. El Supremo confirma.

    Doctrina. Anulado por abusivo el acuerdo que atesora los beneficios, el tribunal puede fijar el reparto mínimo que resulta de los propios antecedentes sociales sin suplantar con ello la voluntad de la junta.

    Mercantil y societarioLitigaciónTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2023:33

  6. STJUE C-267/20, Volvo y DAF Trucks · TJUE (Sala Primera) ·

    Cártel de camiones: plazo de cinco años para reclamar daños

    El comprador de varios camiones demandó en España a dos fabricantes sancionados por la Comisión Europea. La infracción terminó antes de la Directiva de daños, que España transpuso con retraso. La Audiencia Provincial de León preguntó si se aplicaban el nuevo plazo de prescripción, la facultad de estimar el daño y la presunción de perjuicio.

    Doctrina. El plazo de prescripción de la Directiva 2014/104 se aplica a acciones no prescritas al expirar el plazo de transposición. La estimación judicial del daño es norma procesal aplicable; la presunción legal de perjuicio, sustantiva y no retroactiva.

    Competencia y UELitigaciónTexto oficial en EUR-LexECLI:EU:C:2022:494

  7. STC 182/2021, de 26 de octubre · Tribunal Constitucional (Pleno) ·

    Inconstitucional el método objetivo de cálculo de la plusvalía municipal

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, cuestionó las reglas que calculaban la base del impuesto municipal de plusvalía con un sistema objetivo y obligatorio. En el caso había ganancia real, pero inferior a la presumida por la ley, de modo que la cuota absorbía una parte significativa. El Pleno estima la cuestión.

    Doctrina. Son nulos los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales por vulnerar la capacidad económica. No pueden revisarse las liquidaciones firmes ni las no impugnadas a la fecha de la sentencia.

    Fiscal y tributarioInmobiliarioAdministrativoTexto oficial en Tribunal ConstitucionalECLI:ES:TC:2021:182

  8. STS 673/2021, de 5 de octubre · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    Levantamiento del velo frente a los socios de una promotora

    Dos socios constituyeron una promotora con 3.200 euros de capital. Terminada la obra, quedaron impagados pagarés a la constructora. Días antes del primer vencimiento cesaron como administradores, nombraron a un tercero hoy ilocalizable y vendieron todas las participaciones. La constructora los demandó. El Supremo estima su recurso y confirma la condena de los socios.

    Doctrina. El levantamiento del velo es excepcional y exige abuso de la personalidad jurídica en fraude de terceros. Cuando concurre, la buena fe permite superar la eficacia relativa del contrato y dirigir la reclamación contra los socios responsables.

    Mercantil y societarioRecuperación de deudaInmobiliarioTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2021:3610

  9. STJUE C-910/19, Bankia y UMAS · TJUE (Sala Cuarta) ·

    La responsabilidad por folleto también ampara al inversor cualificado

    Una mutua de seguros, inversor cualificado, suscribió acciones en la salida a bolsa de Bankia de 2011 y reclamó por las inexactitudes del folleto. Bankia sostenía que ese documento solo protege al minorista. El Tribunal Supremo preguntó al Tribunal de Justicia si el inversor cualificado puede invocar el folleto en una oferta mixta.

    Doctrina. En una oferta dirigida a minoristas y cualificados, la acción de responsabilidad por el folleto ampara a ambos. El Derecho nacional puede permitir valorar si el cualificado conocía la situación del emisor por otras vías.

    Mercado de capitalesBancario y financieroTexto oficial en EUR-LexECLI:EU:C:2021:433

  10. STC 17/2021, de 15 de febrero · Tribunal Constitucional (Sala Primera) ·

    La anulación del laudo no es una segunda instancia

    Tres socias de una limitada acudieron al arbitraje para pedir su separación o la disolución de la sociedad por desavenencias con el administrador. El árbitro acordó la disolución. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el laudo por motivación insuficiente, tras revisar la valoración de la prueba. El Constitucional concede el amparo a las socias.

    Doctrina. El juez de la anulación no puede sustituir al árbitro en la valoración de la prueba ni en la aplicación del Derecho. La motivación del laudo no se rige por el canon exigible a las resoluciones judiciales.

    ArbitrajeMercantil y societarioTexto oficial en Tribunal ConstitucionalECLI:ES:TC:2021:17

  11. STS 4/2021, de 15 de enero · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    El socio separado lo sigue siendo hasta cobrar su participación

    Tres accionistas obtuvieron sentencia firme que reconocía su separación por falta de dividendos. Antes de cobrar el valor de sus acciones, la sociedad fue declarada en concurso y se discutió cómo clasificar su crédito. La Audiencia de A Coruña lo consideró ordinario; el Supremo estima el recurso de la sociedad y confirma la decisión del Juzgado Mercantil.

    Doctrina. La condición de socio no se pierde al comunicar la separación, sino cuando se paga el valor de la participación. El crédito de reembolso nace al recibir la sociedad esa comunicación y, en el caso, se clasificó como subordinado.

    Mercantil y societarioConcursalTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2021:3

  12. STS 805/2020, de 25 de septiembre · Tribunal Supremo, Sala Cuarta (Social), Pleno ·

    Los repartidores de plataforma digital son trabajadores por cuenta ajena

    Un repartidor que prestaba servicios para Glovo como autónomo económicamente dependiente demandó a la empresa por despido. El Juzgado de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid negaron que existiera contrato de trabajo. El Pleno de la Sala Cuarta unifica doctrina, estima en parte el recurso y declara laboral la relación.

    Doctrina. Concurren dependencia y ajenidad cuando la plataforma organiza el servicio, fija precios y condiciones y es titular del activo esencial, la aplicación. El repartidor carece de organización empresarial propia.

    LaboralDigital e IATexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2020:2924

  13. STJUE C-311/18, Schrems II · TJUE (Gran Sala) ·

    Schrems II: anulado el Escudo de Privacidad con Estados Unidos

    Un usuario austriaco reclamó ante la autoridad irlandesa por el envío de sus datos desde Facebook Ireland a servidores de Estados Unidos, donde podían acceder a ellos las autoridades de seguridad. La High Court irlandesa preguntó por la validez de las cláusulas contractuales tipo y de la decisión de adecuación conocida como Escudo de la Privacidad.

    Doctrina. La Decisión 2016/1250 es inválida. Las cláusulas tipo siguen siendo válidas, pero exportador e importador deben comprobar que el país de destino ofrece una protección sustancialmente equivalente, y suspender la transferencia si no es así.

    Datos y ciberseguridadComercio y aduanasTexto oficial en EUR-LexECLI:EU:C:2020:559

  14. STC 46/2020, de 15 de junio · Tribunal Constitucional (Sala Primera) ·

    El orden público no autoriza a revisar el fondo del laudo

    Un laudo resolvió un arrendamiento de vivienda y condenó al pago de rentas. Los arrendatarios pidieron su anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero después las partes llegaron a un acuerdo y solicitaron el archivo. El tribunal lo rechazó y anuló el laudo invocando el orden público. El Constitucional otorga el amparo.

    Doctrina. La acción de anulación solo permite un control externo del laudo. Una interpretación expansiva del orden público que ignora la disposición de las partes sobre intereses privados vulnera la tutela judicial efectiva.

    ArbitrajeAdministrativoTexto oficial en Tribunal ConstitucionalECLI:ES:TC:2020:46

  15. STS 156/2020, de 6 de marzo · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    La rebus sic stantibus no encaja en contratos de corta duración

    Una agencia gestionaba en exclusiva la publicidad de la televisión y la radio públicas gallegas y garantizaba un mínimo anual de ingresos. Tras la caída de la inversión publicitaria en 2008 no alcanzó ese mínimo durante la prórroga de un año y pidió que se rebajara su compromiso. La Audiencia aplicó la rebus; el Supremo lo corrige.

    Doctrina. El cambio de circunstancias que justifica revisar un contrato es más propio de relaciones de larga duración. En un contrato de un año, la bajada de la demanda es un riesgo propio de quien garantizó un resultado mínimo.

    Civil y contractualAudiovisualLitigaciónTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2020:791

  16. SAP Granada 914/2019, de 30 de diciembre · Audiencia Provincial de Granada, Sección 3.ª ·

    Retribuir a los administradores no es por sí solo abusivo

    Una socia minoritaria impugnó dos acuerdos de 2015: el cambio estatutario que hacía retribuido el cargo de administrador y la fijación de 27.600 euros brutos anuales para los dos administradores. Sostenía que era un reparto encubierto de beneficios a la mayoría. El Juzgado Mercantil 1 de Granada desestimó la demanda y la Audiencia confirma.

    Doctrina. Que el cargo hubiera sido gratuito no convierte en lesivo su paso a retribuido. Hay que examinar si la cuantía guarda proporción razonable con la importancia y la situación económica de la sociedad, como exige el art. 217.4 LSC.

    Mercantil y societarioTexto oficial en CENDOJECLI:ES:APGR:2019:2727

  17. STS 601/2019, de 8 de noviembre · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    El administrador entrante no responde de deudas anteriores a su nombramiento

    Un proveedor reclamó a dos administradores una deuda por suministros de 2013 y 2014. La sociedad arrastraba fondos propios negativos desde el cierre de 2012. Uno de los demandados había sido nombrado en mayo de 2014, cuando la deuda ya existía. La Audiencia de Zaragoza lo condenó; el Supremo casa la sentencia y lo absuelve.

    Doctrina. La responsabilidad del art. 367 LSC alcanza a las deudas posteriores a la causa de disolución, pero el administrador que accede al cargo después solo responde de las obligaciones nacidas tras su nombramiento, no de las anteriores.

    Mercantil y societarioRecuperación de deudaLitigaciónTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2019:3526

  18. STS 1528/2019, de 5 de noviembre · Tribunal Supremo, Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) ·

    Exención en IRPF de la indemnización mínima de alta dirección

    Hacienda liquidó y sancionó a una empresa por no practicar retención sobre la indemnización pagada a una directiva con contrato de alta dirección cuando se extinguió su relación. La Audiencia Nacional anuló la liquidación. La Administración recurrió en casación y la Sala Tercera fija criterio a partir de la doctrina de la Sala de lo Social.

    Doctrina. Si la extinción del contrato de alta dirección por desistimiento da derecho a una indemnización mínima obligatoria de siete días por año con tope de seis mensualidades, esa cuantía está exenta de IRPF.

    Fiscal y tributarioLaboralTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2019:3678

  19. STS 98/2018, de 26 de febrero · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    La retribución del consejero ejecutivo exige cobertura en estatutos

    Una limitada quiso inscribir una cláusula según la cual el cargo de administrador era gratuito, pero el consejo podía retribuir a los consejeros ejecutivos sin previsión estatutaria ni acuerdo de junta. El registrador mercantil denegó la inscripción. La Audiencia de Barcelona dio la razón a la sociedad y el Supremo estima el recurso del registrador.

    Doctrina. En las sociedades no cotizadas, la reserva estatutaria y el límite máximo aprobado por la junta alcanzan también a los consejeros delegados o ejecutivos. El contrato del art. 249 LSC se suma a esas exigencias, no las sustituye.

    Mercantil y societarioFiscal y tributarioTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2018:494

  20. STS 73/2018, de 14 de febrero · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    Nulidad del aumento de capital acordado para frustrar una opción

    Los tres socios de una limitada concedieron a un tercero una opción de compra sobre participaciones que le daría el control. Después aprobaron por unanimidad un aumento de capital que diluía ese porcentaje. El titular de la opción impugnó el acuerdo. La Audiencia de A Coruña lo declaró nulo y el Supremo desestima el recurso de la sociedad.

    Doctrina. El acuerdo que no daña a la sociedad ni a la minoría, pero se adopta para perjudicar a un tercero, se anula por el régimen general del abuso de derecho del Código Civil, y ese tercero está legitimado para impugnarlo.

    Mercantil y societarioFusiones y M&ALitigaciónTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2018:410

  21. STJUE C-154/15, C-307/15 y C-308/15, Gutiérrez Naranjo · TJUE (Gran Sala) ·

    Cláusulas suelo: devolución íntegra de lo cobrado de más

    Tras la sentencia del Supremo de 2013 que limitó la devolución de lo cobrado por cláusulas suelo a los pagos posteriores a su publicación, el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada y la Audiencia de Alicante preguntaron al Tribunal de Justicia si ese límite temporal era compatible con la protección europea del consumidor.

    Doctrina. El art. 6.1 de la Directiva 93/13 se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios de la nulidad de una cláusula abusiva. El consumidor debe recuperar todo lo pagado indebidamente.

    Bancario y financieroCompetencia y UETexto oficial en EUR-LexECLI:EU:C:2016:980

  22. STS 472/2016, de 13 de julio · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), Pleno ·

    Acción individual contra el administrador por cierre de hecho de la sociedad

    Una distribuidora no pudo cobrar más de 109.000 euros porque la sociedad deudora cesó su actividad sin disolverse ni liquidarse y sin dejar bienes embargables. Demandó al administrador con la acción individual del art. 241 LSC. El Juzgado Mercantil de Barcelona lo condenó, la Audiencia revocó y el Pleno restablece la condena.

    Doctrina. El impago de una deuda social no basta para condenar al administrador. Pero si el acreedor argumenta que el cierre de hecho impidió el cobro, corresponde al administrador explicar el destino del patrimonio social, por facilidad probatoria.

    Mercantil y societarioRecuperación de deudaLitigaciónTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2016:3433

  23. STS 221/2016, de 16 de marzo · Tribunal Supremo, Sala Segunda (Penal) ·

    La acusación debe probar el defecto organizativo de la empresa

    La Audiencia de Cáceres condenó por estafa a los dos gestores de una inmobiliaria y, además, a la propia sociedad, a la que impuso multa y cierre temporal de su oficina. La sociedad denunció la vulneración de sus derechos fundamentales. El Supremo rebaja la condena de las personas físicas y absuelve a la persona jurídica.

    Doctrina. Acreditar el delito de la persona física no genera una presunción de defecto organizativo. La acusación debe probar que ese delito fue posible por un fallo estructural en los mecanismos de prevención exigibles a la sociedad.

    Penal económicoComplianceTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2016:966

  24. STS 163/2016, de 2 de marzo · Tribunal Supremo, Sala Segunda (Penal) ·

    Apropiación indebida de dinero tras la reforma penal de 2015

    El contable de una empresa, autorizado en la banca electrónica, ordenó en menos de un año más de dos mil transferencias a cuentas propias por unos 292.000 euros y las disimuló en la contabilidad. La Audiencia de Barcelona lo condenó por apropiación indebida continuada. En casación se planteó si la reforma de 2015 había despenalizado esa conducta.

    Doctrina. Tras la LO 1/2015, quien incorpora definitivamente a su patrimonio el dinero recibido para administrarlo sigue cometiendo apropiación indebida. La administración desleal se reserva para el ejercicio abusivo de las facultades de gestión sin apropiación definitiva.

    Penal económicoComplianceTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2016:826

  25. STS 154/2016, de 29 de febrero · Tribunal Supremo, Sala Segunda (Penal), Pleno ·

    Primera sentencia de Pleno sobre responsabilidad penal de la empresa

    La Audiencia Nacional condenó a varias personas y a tres sociedades por tráfico de cocaína a gran escala. Las sociedades recurrieron sus penas. El Pleno de la Sala Segunda aprovechó el caso para fijar criterios sobre el art. 31 bis del Código Penal y dejó sin efecto la disolución de una de ellas para preservar los puestos de trabajo.

    Doctrina. La persona jurídica responde cuando el delito de la persona física fue posible por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho traducida en medidas de vigilancia y control. Le asisten los mismos derechos y garantías que a cualquier acusado.

    Penal económicoComplianceTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2016:613

  26. STS 103/2016, de 25 de febrero · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    Impugnar un acuerdo ajustado al pacto parasocial vulnera la buena fe

    Un padre vendió a sus dos hijos la nuda propiedad de acciones y participaciones reservándose el usufructo con derecho de voto, pacto que nunca se llevó a estatutos. Años después, uno de los hijos impugnó los acuerdos aprobados con el voto del padre. La Audiencia de Barcelona desestimó la demanda y el Supremo rechaza los recursos.

    Doctrina. Los pactos parasociales no son, por regla, oponibles a la sociedad. Pero el socio que los firmó y obtuvo ventajas de ellos actúa contra la buena fe si impugna acuerdos adoptados en cumplimiento de lo que él mismo pactó.

    Mercantil y societarioEmpresa familiarTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2016:659

  27. STS 23/2016, de 3 de febrero · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), Pleno ·

    Salida a bolsa de Bankia: el folleto contenía inexactitudes graves

    Dos clientes de una sucursal compraron en julio de 2011 acciones de Bankia por 20.868 euros en la oferta pública de suscripción, por consejo de los empleados. Al demandar, valían 3.455 euros. La Audiencia de Valencia anuló la compra porque el folleto no reflejaba la situación financiera real. El Pleno desestima los recursos de la entidad.

    Doctrina. El folleto es el cauce de información del pequeño inversor en una oferta pública. Si contiene inexactitudes graves sobre la solvencia y los beneficios del emisor, el consentimiento queda viciado y procede la restitución de lo invertido.

    Mercado de capitalesBancario y financieroLitigaciónTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2016:91

  28. STS 24/2016, de 3 de febrero · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), Pleno ·

    Acciones de Bankia: nulidad por error sin esperar al proceso penal

    Un matrimonio de jubilados suscribió acciones de Bankia por 9.997 euros en julio de 2011. Un año más tarde, tras la intervención de la entidad, habían perdido casi todo su valor. Pidieron la nulidad por error. Bankia alegó que debía suspenderse el pleito civil hasta que terminara la causa penal. La Audiencia de Oviedo estimó la demanda.

    Doctrina. La existencia de una causa penal sobre la salida a bolsa no obliga a suspender las demandas civiles de los inversores. La imagen de solvencia inexacta transmitida por el folleto justifica el error como vicio del consentimiento.

    Mercado de capitalesBancario y financieroTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2016:92

  29. STS 772/2014, de 12 de enero de 2015 · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), Pleno ·

    Concurso culpable por retraso y condena a cubrir el déficit

    Una sociedad dejó de pagar de forma generalizada a Hacienda y a la Seguridad Social a finales de 2006, pero no solicitó el concurso hasta más de dos años después, con el pasivo ya muy aumentado. El concurso se calificó como culpable y su administrador fue condenado a cubrir un déficit superior a 1,2 millones. El Pleno desestima su recurso.

    Doctrina. La responsabilidad por déficit concursal no es una sanción, sino un régimen agravado de responsabilidad civil. Por eso la reforma del Real Decreto-ley 4/2014 no se aplica retroactivamente a secciones de calificación abiertas antes.

    ConcursalMercantil y societarioTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2015:256

  30. SAP Granada 303/2014, de 5 de diciembre · Audiencia Provincial de Granada, Sección 3.ª ·

    Anulado el paso a cargo retribuido que vaciaba el beneficio

    En una sociedad dividida en dos grupos de accionistas enfrentados desde 2006, la mayoría modificó los estatutos para que el cargo de administrador dejara de ser gratuito y fijó 120.000 euros conjuntos, más de una cuarta parte del beneficio, mientras el resto se llevaba a reservas. El Juzgado Mercantil 1 de Granada mantuvo el acuerdo; la Audiencia lo anula.

    Doctrina. El acuerdo de la mayoría que no persigue razonablemente el interés común y perjudica a la minoría es abusivo y contrario al interés social. Aquí pesó que la retribución absorbía más de una cuarta parte del beneficio sin justificarse un aumento real de la gestión.

    Mercantil y societarioEmpresa familiarTexto oficial en CENDOJECLI:ES:APGR:2014:2315

  31. STS 333/2014, de 30 de junio · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    Rebus sic stantibus: la crisis económica como cambio de circunstancias

    Una empresa explotaba desde 2006, por cuatro años y con canon fijo, la publicidad de los autobuses municipales de Valencia. La caída del mercado publicitario tras 2008 hizo ruinoso el contrato y pidió su modificación. El Juzgado redujo el canon, la Audiencia revocó por entender la figura muy restrictiva y el Supremo restablece la sentencia de instancia.

    Doctrina. La cláusula rebus debe aplicarse de forma normalizada. Una crisis económica de efectos profundos e imprevisibles puede alterar la base del negocio si rompe la equivalencia de las prestaciones y el riesgo no fue asumido por quien la invoca.

    Civil y contractualLitigaciónTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2014:2823

  32. STS 258/2014, de 3 de junio · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    El maltrato psicológico es justa causa de desheredación

    Un padre desheredó en testamento a sus dos hijos por haberle injuriado y maltratado y dejó sus bienes a una hermana. Tras su muerte, los hijos pidieron que se declarase injusta la desheredación porque el Código Civil solo menciona el maltrato de obra. La Audiencia de Málaga rechazó la demanda y el Supremo confirma.

    Doctrina. El maltrato psicológico voluntario, como el menosprecio y el abandono familiar, se integra en el maltrato de obra del art. 853.2 del Código Civil, que debe interpretarse de forma flexible conforme a la realidad social.

    HerenciasEmpresa familiarTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2014:2484

  33. STJUE C-131/12, Google Spain · TJUE (Gran Sala) ·

    Google Spain: el buscador responde del tratamiento de datos personales

    Un ciudadano pidió a la Agencia Española de Protección de Datos que Google dejara de mostrar, al buscar su nombre, enlaces a anuncios antiguos de un periódico sobre un embargo ya resuelto. La Agencia ordenó retirarlos, Google recurrió y la Audiencia Nacional planteó cuestión prejudicial sobre el alcance de la Directiva 95/46.

    Doctrina. El gestor de un motor de búsqueda es responsable del tratamiento y queda sujeto al Derecho europeo si tiene una filial publicitaria en un Estado miembro. Debe retirar de los resultados por nombre los enlaces cuando proceda.

    Datos y ciberseguridadDigital e IATexto oficial en EUR-LexECLI:EU:C:2014:317

  34. STS (Sala Cuarta, Pleno) de 22 de abril de 2014, rcud 1197/2013 · Tribunal Supremo, Sala Cuarta (Social), Pleno ·

    Alta dirección: indemnización mínima por desistimiento aunque se pacte lo contrario

    El alto directivo de una sociedad gestora vinculada a una universidad vio extinguido su contrato por desistimiento del empresario. El contrato excluía cualquier indemnización por cese. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dio por válido ese pacto. El Pleno de la Sala Cuarta estima el recurso del directivo y condena a la empresa a indemnizarle.

    Doctrina. En el desistimiento empresarial del contrato de alta dirección, la indemnización de siete días de salario por año, con el límite de seis mensualidades, es un mínimo que el contrato puede mejorar pero no suprimir.

    LaboralTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2014:3088

  35. STS 840/2013, de 20 de enero de 2014 · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), Pleno ·

    Swaps: la falta de información permite presumir el error

    Una pequeña empresa de mármoles contrató en 2008 con una caja de ahorros un swap de inflación sobre 400.000 euros, ofrecido por el subdirector de la oficina aprovechando la confianza con el administrador, sin conocimientos financieros. No constaba información suficiente sobre los riesgos. La Audiencia de Girona anuló el contrato y el Pleno desestima el recurso de la entidad.

    Doctrina. Incumplir los deberes de información de la normativa MiFID no causa por sí solo la nulidad, pero permite presumir el error del cliente no profesional sobre los riesgos del producto y lo hace excusable.

    Bancario y financieroLitigaciónTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2014:354

  36. STS 531/2013, de 19 de septiembre · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), Pleno ·

    Derecho de información del socio minoritario apartado de la gestión

    El titular del 25 % de una sociedad anónima familiar, apartado de la gestión por desavenencias con sus hermanos, pidió antes de la junta documentación de soporte de las cuentas. La sociedad se la negó sin dar razones concretas. El Juzgado Mercantil de Barcelona anuló la aprobación de cuentas y de la gestión; la Audiencia revocó y el Pleno restablece la nulidad.

    Doctrina. El derecho de información es autónomo y no se agota en los documentos de entrega obligatoria. En sociedades cerradas, el minoritario excluido de la administración puede pedir datos conectados con el orden del día, y la negativa injustificada vicia los acuerdos.

    Mercantil y societarioEmpresa familiarTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2013:4950

  37. STS 241/2013, de 9 de mayo · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), Pleno ·

    Nulidad de las cláusulas suelo por falta de transparencia

    Una asociación de consumidores ejercitó una acción colectiva de cesación contra varias entidades, entre ellas BBVA, por las cláusulas que limitaban la bajada del interés variable en sus hipotecas. El Pleno examinó si el consumidor podía comprender la carga económica real de la cláusula y declaró la nulidad, aunque sin efectos sobre los pagos ya realizados.

    Doctrina. Las cláusulas suelo son lícitas, pero deben superar un control de transparencia reforzado. Son nulas si el consumidor no pudo conocer su incidencia real en el precio. La limitación temporal de efectos fue después corregida por el TJUE.

    Bancario y financieroCivil y contractualTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2013:1916

  38. STJUE C-415/11, Aziz · TJUE (Sala Primera) ·

    Aziz: la ejecución hipotecaria debe permitir oponer cláusulas abusivas

    Un consumidor perdió su vivienda en una ejecución hipotecaria en la que la ley española no permitía alegar el carácter abusivo de las cláusulas del préstamo. Acudió a un proceso declarativo, cuyo juez no podía suspender la ejecución. El Juzgado Mercantil 3 de Barcelona preguntó al Tribunal de Justicia si ese sistema respetaba la Directiva 93/13.

    Doctrina. La Directiva 93/13 se opone a una normativa que impide oponer cláusulas abusivas en la ejecución hipotecaria y tampoco deja al juez del declarativo suspenderla. El desequilibrio se mide comparando con el Derecho nacional supletorio.

    Bancario y financieroCivil y contractualTexto oficial en EUR-LexECLI:EU:C:2013:164

  39. STS 873/2011, de 7 de diciembre · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·

    Destinar todo el beneficio a reservas sin causa es abusivo

    Una sociedad anónima familiar obtuvo en 2005 más de catorce millones de euros de beneficio tras vender suelo y la junta lo aplicó íntegramente a reservas alegando prudencia empresarial. Los socios minoritarios impugnaron el acuerdo. La Audiencia de A Coruña lo anuló por carecer de justificación razonable y el Supremo desestima el recurso de la sociedad.

    Doctrina. El socio no tiene un derecho automático al dividendo de cada ejercicio, pero privar a la minoría de toda participación en las ganancias sin una razón acreditada constituye un abuso de la mayoría que permite anular el acuerdo.

    Mercantil y societarioEmpresa familiarTexto oficial en CENDOJECLI:ES:TS:2011:9284

Resúmenes propios de resoluciones públicas, comprobados en su fuente oficial. No constituyen asesoramiento: la aplicación a un caso depende de sus hechos y de la doctrina vigente en cada momento.

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