Derecho público y regulatorio
Cuando la otra parte es la Administración
El derecho administrativo regula tus relaciones con la Administración: licencias, sanciones, subvenciones, expropiaciones e indemnizaciones por daños. Lo necesitas en cuanto recibes una notificación que te perjudica, porque los plazos son cortos: un mes para recurrir en vía administrativa y dos meses para acudir al contencioso. Pasado el plazo, el acto queda firme aunque fuera ilegal.
Derecho administrativo y constitucional
Frente a la Administración se juega con reglas distintas. Sus actos se presumen válidos y se ejecutan aunque los recurras, salvo que pidas y obtengas la suspensión. Una multa se cobra, una licencia se deniega o una subvención se reclama mientras el pleito sigue su curso. Por eso el primer análisis no es solo si tienes razón, sino qué plazo corre, si la notificación fue correcta y qué medida cautelar puede frenar el daño.
Buena parte de los asuntos se ganan o se pierden en el expediente, antes de llegar al juzgado. Lo que no se alega o no se prueba ante el órgano administrativo es difícil de reconstruir después. Pedimos copia íntegra del expediente, comprobamos competencia, procedimiento, motivación y caducidad, y preparamos las alegaciones pensando ya en el recurso judicial que puede venir. Cuando el conflicto nace de un contrato con el sector público, trabajamos con el equipo de contratación pública.
La vertiente constitucional entra cuando están afectados derechos fundamentales: tutela judicial efectiva, igualdad, legalidad sancionadora, inviolabilidad del domicilio social. El recurso de amparo es excepcional y exige haber invocado la lesión desde el primer momento y justificar la especial trascendencia constitucional del caso. Planteamos esa invocación desde la primera instancia para no cerrar una puerta que después no puede reabrirse.
En qué trabajamos
Recursos administrativos
Si el acto no agota la vía administrativa, el recurso de alzada ante el superior es obligatorio antes de ir al juzgado: un mes para interponerlo y tres para que se resuelva. Si la agota, puedes elegir entre reposición potestativa, en un mes, o contencioso directo. Decidir cuál conviene depende de si hay opciones reales de rectificación y de si interesa ganar tiempo o acortarlo. El recurso extraordinario de revisión queda para supuestos tasados.
Arts. 112-126 Ley 39/2015
Contencioso-administrativo
El plazo general para demandar es de dos meses desde la notificación del acto expreso. Los asuntos de hasta 30.000 euros se tramitan por procedimiento abreviado, con demanda directa y vista. En el ordinario, primero se interpone el recurso, se reclama el expediente y después se formaliza la demanda. Solicitamos la suspensión cautelar cuando la ejecución del acto haría perder su finalidad al recurso, aportando prueba concreta del perjuicio.
Arts. 46, 78 y 129-130 LJCA
Responsabilidad patrimonial de la Administración
Puedes reclamar una indemnización cuando el funcionamiento de un servicio público te causa un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado que no tienes el deber jurídico de soportar. El plazo es de un año desde el hecho o desde que se manifiesta su efecto lesivo; en daños personales, desde la curación o la determinación de las secuelas. La anulación de un acto no da derecho automático a indemnización: hay que probar el daño y el nexo causal.
Arts. 32-34 Ley 40/2015; art. 67 Ley 39/2015
Sanciones administrativas
En un expediente sancionador rigen garantías próximas a las penales: tipicidad, culpabilidad, presunción de inocencia, proporcionalidad y separación entre quien instruye y quien resuelve. Revisamos la prescripción de la infracción y la caducidad del procedimiento, que a falta de norma especial se produce a los tres meses. Antes de aceptar la reducción por pago voluntario, de al menos el 20 %, valoramos lo que implica: renunciar a recurrir en vía administrativa.
Arts. 25-31 Ley 40/2015; art. 85 Ley 39/2015
Licencias y autorizaciones
Abrir un establecimiento, ampliar una actividad o prestar un servicio regulado puede exigir autorización, declaración responsable o simple comunicación. Equivocar el título habilitante expone a un cese de actividad. Tramitamos la solicitud, contestamos requerimientos de subsanación y vigilamos el silencio: por regla general es estimatorio, pero con excepciones relevantes, como las actividades que afectan al dominio público o al medio ambiente, donde la falta de respuesta equivale a denegación.
Arts. 24 y 69 Ley 39/2015
Expropiación
La discusión casi siempre está en el justiprecio. Si no hay acuerdo, cada parte presenta su hoja de aprecio y decide el Jurado Provincial de Expropiación, cuya resolución se recurre ante el contencioso. Aportamos tasación pericial propia desde el inicio. Controlamos también los intereses de demora, que nacen si pasan seis meses sin fijarse el precio, la retasación tras cuatro años sin pago y el derecho de reversión si el bien no se destina al fin previsto.
Arts. 24-35, 54, 56 y 58 LEF
Defensa de derechos fundamentales
Frente a una actuación administrativa que vulnera un derecho fundamental existe un procedimiento contencioso preferente y sumario, con solo diez días para interponerlo. Agotada la vía judicial, cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: 30 días si la lesión procede de una resolución judicial y 20 si procede de un acto de la Administración. La demanda debe justificar su especial trascendencia constitucional; sin ese razonamiento se inadmite sin entrar en el fondo.
Arts. 114-122 LJCA; arts. 43, 44 y 50 LOTC
Subvenciones
El riesgo aparece años después de cobrar la ayuda: una comprobación concluye que no se justificó bien el gasto o que se incumplió una condición, y se exige el reintegro con intereses de demora. La Administración dispone de cuatro años para reclamarlo y el procedimiento de reintegro debe resolverse en doce meses. Defendemos la justificación presentada, la proporcionalidad del reintegro parcial y la prescripción, y revisamos las bases antes de aceptar la concesión.
Arts. 37-42 Ley 38/2003
Plazos para reaccionar frente a un acto administrativo
Se cuentan desde el día siguiente a la notificación. Los plazos por meses vencen el mismo día del mes de vencimiento en que se notificó.
| Actuación | Plazo para presentarla | Plazo de resolución y silencio | Norma |
|---|---|---|---|
| Recurso de alzada | 1 mes (acto expreso) | 3 meses; el silencio desestima | Arts. 121-122 Ley 39/2015 |
| Recurso potestativo de reposición | 1 mes (acto expreso) | 1 mes; el silencio desestima | Arts. 123-124 Ley 39/2015 |
| Recurso contencioso-administrativo | 2 meses (acto expreso) | Sentencia, sin plazo cierto | Art. 46 LJCA |
| Procedimiento de derechos fundamentales | 10 días | Tramitación preferente | Art. 115 LJCA |
| Reclamación de responsabilidad patrimonial | 1 año desde el daño | 6 meses; el silencio desestima | Art. 67 y 91.3 Ley 39/2015 |
Frente a la desestimación por silencio, la Administración sigue obligada a resolver y el plazo para recurrir no se cierra mientras no lo haga de forma expresa, según doctrina constitucional consolidada.
Situaciones en las que conviene llamar el mismo día
Acuerdo de inicio de expediente sancionador
El plazo de alegaciones es breve y lo que se diga, o se calle, condiciona todo el procedimiento posterior.
Requerimiento de reintegro de una subvención
Hay que revisar si la acción ha prescrito y si la cuenta justificativa se valoró de forma correcta antes de pagar o aplazar.
Silencio ante una solicitud relevante
Saber si el silencio es estimatorio o desestimatorio cambia por completo el paso siguiente y el riesgo de actuar sin título.
Acta previa a la ocupación de una finca
En la expropiación urgente la ocupación llega antes que el precio. Dejar constancia del estado y uso del bien es decisivo para el justiprecio.
Un recurso administrativo no se redacta para la Administración que ya ha decidido, sino para el juez que lo leerá después.
Preguntas frecuentes sobre recursos frente a la Administración
¿Recurrir una multa suspende la obligación de pagarla?
En vía administrativa, la sanción no es ejecutiva mientras no sea firme en esa vía, es decir, mientras quepa recurso administrativo ordinario contra ella. Una vez resuelto, la Administración puede cobrarla aunque acudas al juzgado, salvo que solicites la suspensión cautelar. Si anuncias que vas a interponer recurso contencioso, la suspensión puede mantenerse hasta que el tribunal se pronuncie sobre la medida.
¿Qué diferencia hay entre recurso de alzada y de reposición?
La alzada se dirige al órgano superior del que dictó el acto y es obligatoria cuando ese acto no pone fin a la vía administrativa: sin ella no puedes ir al contencioso. La reposición se presenta ante el mismo órgano que resolvió, solo cabe contra actos que ya agotan la vía administrativa y es voluntaria. El pie de recursos de la notificación debe indicar cuál procede.
¿Qué ocurre si la notificación llegó a la sede electrónica y no la abrí?
Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración. Si la notificación se pone a disposición en la sede o en la dirección electrónica habilitada y pasan diez días naturales sin acceder a ella, se entiende rechazada y el procedimiento continúa. Los plazos corren igual. Revisar los buzones electrónicos con periodicidad fija es la medida preventiva más barata que existe.
¿Cuándo puedo pedir indemnización a la Administración?
Cuando sufres un daño real, cuantificable e individualizado causado por el funcionamiento normal o anormal de un servicio público, sin fuerza mayor y sin obligación legal de soportarlo. Dispones de un año para reclamar. La reclamación se presenta ante la propia Administración responsable y, si la deniega o no contesta en seis meses, puedes acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Jurisprudencia de referencia
Resoluciones que marcan cómo se deciden hoy estos asuntos.
STC 182/2021, de 26 de octubre · Tribunal Constitucional (Pleno) ·
Inconstitucional el método objetivo de cálculo de la plusvalía municipal
Son nulos los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales por vulnerar la capacidad económica. No pueden revisarse las liquidaciones firmes ni las no impugnadas a la fecha de la sentencia.
Texto oficial en Tribunal ConstitucionalSTC 46/2020, de 15 de junio · Tribunal Constitucional (Sala Primera) ·
El orden público no autoriza a revisar el fondo del laudo
La acción de anulación solo permite un control externo del laudo. Una interpretación expansiva del orden público que ignora la disposición de las partes sobre intereses privados vulnera la tutela judicial efectiva.
Texto oficial en Tribunal Constitucional
Resoluciones reales consultadas en fuentes oficiales. El resumen es propio y no sustituye la lectura del texto íntegro ni el análisis de cada caso.
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