Derecho público y regulatorio
Licitar, ganar y cobrar el contrato sin sorpresas
La contratación pública es el régimen por el que Administraciones y entidades del sector público compran obras, suministros y servicios, regulado en la Ley 9/2017. Necesitas asesoramiento en tres momentos: al preparar la oferta, cuando una adjudicación o un pliego te perjudica, con solo 15 días hábiles para el recurso especial, y durante la ejecución, si hay modificados, penalidades o impagos.
Contratación pública
Una licitación se pierde con más frecuencia por un defecto formal que por el precio: un certificado caducado, una solvencia mal acreditada, un sobre con información que debía ir en otro. Y los errores del pliego que no se impugnan a tiempo quedan consentidos, porque quien presenta oferta sin recurrirlo lo acepta, salvo vicios de nulidad de pleno derecho. Trabajamos con departamentos de licitaciones que necesitan una segunda lectura jurídica antes de que cierre el plazo.
El recurso especial en materia de contratación es rápido, gratuito y lo resuelve un tribunal administrativo independiente. Cuando se dirige contra la adjudicación, la suspende de forma automática. Esa ventaja tiene un precio: el plazo es de 15 días hábiles y el acceso al expediente hay que pedirlo dentro de él. Preparamos el recurso en paralelo a la solicitud de vista para no depender de cuándo la conceda el órgano de contratación.
Adjudicado el contrato, empieza otro tipo de riesgo. La Administración tiene prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, y el contratista ejecuta a su riesgo y ventura. Documentar cada orden, cada retraso ajeno y cada sobrecoste desde el primer mes es lo que permite después reclamar. Cuando el conflicto acaba en los tribunales, lo llevamos junto al equipo de derecho administrativo.
En qué trabajamos
Recursos especiales en materia de contratación
Procede en contratos de obras y concesiones de valor estimado superior a tres millones de euros y en suministros y servicios de más de 100.000. Se presenta en 15 días hábiles ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o el órgano autonómico equivalente. Es potestativo y gratuito. Contra su resolución solo cabe recurso contencioso-administrativo. Por debajo de esos umbrales, la vía es el recurso administrativo ordinario.
Arts. 44-60 LCSP
Impugnación de adjudicaciones
Los motivos habituales son una valoración técnica sin motivación suficiente, la aceptación de una oferta anormalmente baja sin justificación real, la admisión de un licitador que no acredita la solvencia exigida o la exclusión indebida de tu propia oferta. Analizamos el informe técnico y las actas de la mesa frente a los criterios del pliego. La discrecionalidad técnica limita la revisión de las puntuaciones, pero no ampara errores, arbitrariedad ni falta de motivación.
Arts. 149-151 LCSP
Revisión de pliegos
Antes de ofertar revisamos si la solvencia exigida es proporcionada al objeto, si los criterios de adjudicación están vinculados a la prestación y tienen fórmulas claras, si el presupuesto base cubre los costes laborales del convenio aplicable y si hay obligación de subrogar plantilla. Cuando una cláusula restringe la competencia de forma injustificada, se impugna el pliego en 15 días hábiles desde su publicación en el perfil de contratante.
Arts. 74-76, 100-102 y 145 LCSP
Preparación de licitaciones
Ordenamos lo que la empresa necesita tener vigente para concurrir: inscripción en el ROLECE, clasificación cuando la obra alcanza 500.000 euros, declaración responsable mediante el DEUC y ausencia de prohibiciones de contratar. Estructuramos uniones temporales de empresas y la integración de solvencia con medios de terceros, con compromisos por escrito. Si la mesa pide subsanar, el plazo es de tres días y no admite modificar la oferta.
Arts. 69, 71, 75, 77 y 140-141 LCSP
Modificación de contratos
Un contrato público solo puede modificarse en los supuestos legales. Las modificaciones previstas en el pliego tienen como techo el 20 % del precio inicial. Las no previstas exigen prestaciones adicionales imprescindibles, circunstancias imprevisibles para una Administración diligente o cambios no sustanciales, con límites del 50 % en los dos primeros casos. Son obligatorias para el contratista cuando no superan el 20 % del precio. Fuera de esos cauces, procede nueva licitación.
Arts. 203-207 LCSP
Reequilibrio de concesiones
El concesionario asume el riesgo operacional: una demanda inferior a la prevista no da derecho a compensación. El restablecimiento del equilibrio económico solo procede cuando la Administración modifica el contrato por razones de interés público, cuando una actuación suya de carácter obligatorio rompe de forma sustancial la economía de la concesión o por fuerza mayor en los casos tasados. Preparamos la reclamación con un modelo económico pericial que aísle el efecto de cada causa.
Arts. 270 y 290 LCSP
Resolución contractual
La Administración puede resolver por demora o incumplimiento de la obligación principal, con incautación de la garantía y reclamación de daños. Si el contratista se opone, el expediente exige dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico. El contratista, por su parte, puede instar la resolución cuando el impago supera seis meses. Defendemos tanto la oposición a una resolución culpable como la salida ordenada de un contrato inviable.
Arts. 191, 198 y 211-213 LCSP
Reclamaciones en contratos públicos
La Administración debe aprobar las certificaciones en 30 días y pagar en los 30 siguientes. Vencido el plazo, se devengan intereses de demora y costes de cobro de la Ley 3/2004. Si reclamas por escrito y no hay respuesta en un mes, puedes acudir al contencioso y pedir como medida cautelar el pago inmediato. Reclamamos también revisión de precios, sobrecostes por suspensión de obra e indemnización por trabajos ordenados fuera de proyecto.
Arts. 103, 198, 199 y 208 LCSP
Recurso especial: los 15 días hábiles, paso a paso
Los sábados no son hábiles. El cómputo arranca según el acto que se recurre.
Identificar el acto y el día inicial
Pliegos: desde su publicación en el perfil de contratante. Adjudicación o exclusión: desde el día siguiente a la notificación.
Pedir acceso al expediente
Se solicita al órgano de contratación dentro del plazo de recurso. Debe facilitarlo en cinco días hábiles, pero la petición no detiene el reloj.
Comprobar legitimación y umbrales
Valor estimado del contrato, condición de licitador o de interesado y, si se impugna el pliego, no haber presentado oferta aceptándolo.
Presentar el recurso
En el registro electrónico del tribunal de recursos contractuales o del órgano de contratación, con el acto impugnado y la prueba.
Medidas cautelares
Si se recurre la adjudicación, la suspensión es automática. En otros actos hay que pedirla y justificarla.
Resolución y vía judicial
La resolución del tribunal es ejecutiva. Frente a ella, recurso contencioso-administrativo en dos meses.
- 15 días hábiles
- Plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación (art. 50 LCSP)
- 20 %
- Límite de las modificaciones previstas en el pliego sobre el precio inicial (art. 204 LCSP)
- 30 días
- Plazo de pago desde la aprobación de la certificación o del documento de conformidad (art. 198.4 LCSP)
- 5 %
- Garantía definitiva habitual sobre el precio final ofertado, IVA excluido (art. 107 LCSP)
Documentos que pedimos para valorar un recurso
- Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas
- Anuncio de licitación y fecha de publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- Tu oferta completa, con los sobres o archivos electrónicos tal como se presentaron
- Notificación de la adjudicación o de la exclusión, con su fecha de envío y de acceso
- Actas de la mesa de contratación e informes técnicos de valoración
- Requerimientos de subsanación o de justificación de baja recibidos y tus respuestas
- Preguntas y aclaraciones publicadas por el órgano de contratación durante el plazo de ofertas
Preguntas frecuentes sobre licitaciones y contratos públicos
¿Puedo recurrir una adjudicación si quedé clasificado en tercer lugar?
Solo si la estimación del recurso puede darte la adjudicación. La legitimación exige un interés real: tendrás que impugnar con fundamento tanto la oferta ganadora como la segunda, o un vicio que obligue a repetir la valoración o el procedimiento entero. Un recurso que, aun prosperando, dejaría el contrato en manos de otro licitador se inadmite por falta de legitimación.
¿Qué es una oferta anormalmente baja y cómo se defiende?
Es la que, según los parámetros del pliego, hace dudar de que el contrato pueda cumplirse. No se excluye de forma automática: el órgano de contratación debe dar audiencia para que justifiques el precio con datos concretos, como ahorros de proceso, soluciones técnicas o condiciones favorables. La justificación debe acreditar el respeto de los salarios de convenio. Una respuesta genérica conduce a la exclusión.
¿Qué puedo hacer si la Administración no paga las facturas del contrato?
Reclamar por escrito el principal y los intereses de demora. Si en un mes no responde, se entiende reconocido el vencimiento y puedes interponer recurso contencioso-administrativo contra la inactividad, solicitando como medida cautelar el pago inmediato. Si la demora supera cuatro meses, puedes suspender la ejecución comunicándolo con un mes de antelación, y si supera seis, pedir la resolución con indemnización.
¿Se puede ceder o subcontratar un contrato público?
La subcontratación es posible salvo que el pliego la limite para tareas críticas, y debe comunicarse por escrito al órgano de contratación. La cesión del contrato exige que el pliego la prevea, autorización previa y expresa, que el cedente haya ejecutado al menos el 20 % del importe, o explotado la concesión una quinta parte de su plazo, y que el cesionario tenga la solvencia exigida.
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