Financiero y fiscal
Fiscalidad de empresa y defensa frente a Hacienda
El área fiscal de Gold and Koleman asesora a sociedades, socios y patrimonios en sus impuestos y los defiende cuando la Administración los revisa. Interviene antes de una operación, para medir su coste fiscal, y después, cuando llega un requerimiento, una inspección, una sanción o una derivación de responsabilidad. En casi todos los casos manda un plazo de un mes.
Fiscal y tributario
Un problema fiscal rara vez empieza con una liquidación. Empieza antes: en una reestructuración que se hizo sin motivo económico documentado, en una operación vinculada sin valorar, en un IVA deducido con una factura defectuosa. Cuando la Agencia Tributaria lo revisa, el margen de maniobra depende de lo que se guardó entonces. Por eso trabajamos en dos tiempos: revisamos la operación antes de firmarla y defendemos la posición del contribuyente cuando se comprueba.
Hacienda dispone de cuatro años para liquidar y sancionar, y el contribuyente de un mes para recurrir cada acto. Esa asimetría obliga a decidir pronto: qué se aporta, qué se discute, si conviene firmar en conformidad o reservar el recurso, y cómo se suspende el pago mientras tanto. Cuando la cuota discutida se acerca al umbral penal, coordinamos la defensa con el área de penal económico desde el primer requerimiento.
La fiscalidad tampoco se entiende aislada del resto de la empresa. Una compraventa de sociedad, un relevo generacional o una entrada de inversores cambian de precio según cómo tributen. Trabajamos con los equipos de fusiones y adquisiciones y de empresa familiar para que la estructura jurídica y la fiscal se decidan a la vez, y no una detrás de otra.
En qué trabajamos
Inspecciones tributarias
La comunicación de inicio fija qué impuestos y ejercicios se comprueban e interrumpe la prescripción. Desde ese día la inspección tiene 18 meses para terminar, o 27 si tu cifra de negocios obliga a auditar cuentas o tributas en consolidación fiscal. Te acompañamos en cada comparecencia, ordenamos lo que se aporta y preparamos las alegaciones. El acta puede firmarse con acuerdo, en conformidad o en disconformidad, y cada opción cambia la sanción y las vías de recurso.
Arts. 141-159 LGT
Recursos tributarios
Contra una liquidación o una sanción puedes interponer recurso de reposición, que es potestativo, o acudir directamente al tribunal económico-administrativo. En ambos casos el plazo es de un mes y no se prorroga. Si el tribunal no resuelve en un año, puedes entender desestimada la reclamación y acudir a la vía contencioso-administrativa. Preparamos el recurso, solicitamos la suspensión de la deuda con la garantía adecuada y sostenemos el asunto hasta la vía judicial.
Arts. 222-249 LGT
Impuesto sobre Sociedades
Los ajustes que más regularizaciones generan son conocidos: gastos financieros netos por encima del 30 % del beneficio operativo, compensación de bases negativas, operaciones vinculadas sin documentar, retribución de administradores y deterioros. Revisamos el cierre fiscal, documentamos las operaciones con socios y sociedades del grupo y analizamos si una fusión, escisión o aportación puede acogerse al régimen de neutralidad, que exige motivos económicos válidos distintos del ahorro fiscal.
Ley 27/2014 (LIS)
IVA
El IVA se pierde por la forma más que por el fondo: facturas que no cumplen los requisitos, prorratas mal calculadas, inversión del sujeto pasivo no aplicada o cuotas deducidas fuera de plazo. El derecho a deducir caduca a los cuatro años. Revisamos el tratamiento de operaciones inmobiliarias, intracomunitarias y de grupo, y gestionamos la recuperación del IVA de facturas impagadas o de clientes en concurso, que tiene requisitos y plazos propios muy estrictos.
Ley 37/1992 (LIVA)
Fiscalidad internacional
Una sociedad extranjera puede tributar en España si su sede de dirección efectiva está aquí, y una española puede generar un establecimiento permanente fuera sin haberlo previsto. Analizamos la residencia fiscal, la aplicación de los convenios de doble imposición, las retenciones sobre dividendos, intereses y cánones, y los precios de transferencia entre sociedades del grupo. También asesoramos a directivos y socios que se trasladan a España o salen de ella.
Art. 8 LIS; RDLeg 5/2004 (IRNR)
Fiscalidad de empresa familiar
La exención en el Impuesto sobre el Patrimonio y la reducción del 95 % en sucesiones y donaciones dependen de requisitos que se cumplen o no a una fecha concreta: participación mínima del 5 % individual o del 20 % con el grupo familiar, actividad económica real y un familiar que ejerza funciones de dirección y perciba por ello más de la mitad de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas. Comprobamos los requisitos antes de la transmisión y corregimos lo que falla.
Art. 4.Ocho.Dos Ley 19/1991; art. 20 Ley 29/1987
Fiscalidad inmobiliaria
En una operación inmobiliaria lo primero es saber si tributa por IVA o por transmisiones patrimoniales, y si conviene renunciar a la exención de IVA. Después vienen el valor de referencia del Catastro como base mínima, la plusvalía municipal y la tributación de la renta. Estudiamos compraventas, aportaciones a sociedades, arrendamientos y promociones, e impugnamos comprobaciones de valores y liquidaciones de plusvalía cuando no ha existido incremento real de valor.
Art. 20.Dos LIVA; RDL 26/2021
Responsabilidad tributaria
Hacienda puede exigir la deuda de una sociedad a terceros: a quien colaboró en la infracción, a quien continuó la actividad, a quien ayudó a ocultar bienes o al administrador que no hizo lo necesario para cumplir. La responsabilidad subsidiaria exige declarar antes fallida a la sociedad. El acuerdo de derivación se recurre en un mes y, en la mayoría de supuestos, permite discutir también la liquidación de origen. Defendemos a administradores, socios y adquirentes.
Arts. 41-43 y 174-176 LGT
- 4 años
- Plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar y a exigir el pago (art. 66 LGT)
- 18 o 27 meses
- Duración máxima del procedimiento de inspección, según el tamaño y el régimen del contribuyente (art. 150 LGT)
- 1 mes
- Plazo para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa (arts. 223 y 235 LGT)
- 65 % o 30 %
- Reducción de la sanción en actas con acuerdo y en actas de conformidad, respectivamente (art. 188 LGT)
Cómo se recurre un acto de Hacienda
Las tres vías se suceden en este orden. La primera es voluntaria; la segunda es obligatoria antes de llegar a un juez.
| Vía | Quién resuelve | Plazo para interponer | Qué conviene saber |
|---|---|---|---|
| Recurso de reposición | El mismo órgano que dictó el acto | 1 mes | Es potestativo. No puede simultanearse con la reclamación económico-administrativa. |
| Reclamación económico-administrativa | Tribunal Económico-Administrativo Regional o Central | 1 mes | Paso obligado antes del juzgado. Transcurrido un año sin resolución puede entenderse desestimada. |
| Recurso contencioso-administrativo | Tribunal Superior de Justicia o Audiencia Nacional, según el órgano de origen | 2 meses | Exige abogado y procurador. La suspensión obtenida en vía administrativa debe pedirse de nuevo al tribunal. |
Las sanciones recurridas en plazo quedan suspendidas sin necesidad de garantía hasta que son firmes en vía administrativa (art. 212.3 LGT). La cuota y los intereses solo se suspenden con garantía o en supuestos tasados.
Qué reunir cuando llega la comunicación de inicio
La primera comparecencia marca el tono de la inspección. Antes de acudir conviene tener localizado lo siguiente.
- La comunicación de inicio completa, con su fecha de notificación y el alcance (general o parcial) de la comprobación.
- Autoliquidaciones y declaraciones informativas de los impuestos y ejercicios afectados.
- Contabilidad oficial, libros registro de IVA y, si aplica, los registros del suministro inmediato de información.
- Facturas emitidas y recibidas de mayor importe y sus justificantes de pago.
- Contratos con socios, administradores y sociedades vinculadas, y la documentación de precios de transferencia.
- Escrituras y acuerdos sociales de las operaciones societarias del periodo.
- Actas, liquidaciones y requerimientos anteriores sobre los mismos conceptos.
- Poder o documento de representación de quien vaya a comparecer.
Preguntas frecuentes sobre inspecciones y recursos
¿Cuánto puede durar una inspección de Hacienda?
El plazo general es de 18 meses desde la notificación del inicio. Sube a 27 meses si la cifra de negocios iguala o supera la que obliga a auditar cuentas, o si la entidad tributa en consolidación fiscal o en el régimen de grupo de IVA sometido a comprobación. Superar el plazo no anula el procedimiento, pero las actuaciones dejan de interrumpir la prescripción y dejan de devengarse intereses de demora desde el incumplimiento.
¿Es mejor firmar el acta en conformidad o en disconformidad?
Depende de la solidez de tu posición. La conformidad reduce la sanción un 30 %, y puede sumarse otra reducción del 40 % si se paga en plazo y no se recurre ni la liquidación ni la sanción. Si después recurres la regularización, pierdes esa reducción. La disconformidad mantiene intactas las vías de recurso y abre un plazo de quince días para alegar antes de la liquidación.
¿Tengo que pagar la deuda para poder recurrir?
No. Puedes recurrir sin pagar, pero el recurso por sí solo no detiene el cobro. Para suspender la cuota y los intereses hay que solicitarlo y aportar garantía, normalmente un aval bancario o un seguro de caución. Las sanciones son la excepción: recurridas en plazo, su ejecución queda suspendida automáticamente y sin garantía hasta que sean firmes en vía administrativa.
¿Puede Hacienda reclamarme a mí las deudas de mi sociedad?
Sí, mediante un procedimiento de derivación de responsabilidad. Los supuestos más frecuentes afectan a los administradores de sociedades que cometieron infracciones o que cesaron en su actividad con deudas pendientes, y a quienes colaboraron en la ocultación de bienes. Antes de exigir el pago, la Administración debe notificarte un acuerdo motivado, frente al que puedes alegar y recurrir en el plazo de un mes.
¿Cuándo una deuda tributaria se convierte en delito fiscal?
Cuando existe defraudación dolosa y la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y periodo (art. 305 del Código Penal). No basta con una discrepancia de criterio o un error: debe haber ocultación o engaño. Si la inspección aprecia indicios de delito, remite el expediente a la jurisdicción penal. Regularizar de forma completa antes de que se notifique el inicio de actuaciones excluye la responsabilidad penal.
Jurisprudencia de referencia
Resoluciones que marcan cómo se deciden hoy estos asuntos.
STC 182/2021, de 26 de octubre · Tribunal Constitucional (Pleno) ·
Inconstitucional el método objetivo de cálculo de la plusvalía municipal
Son nulos los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales por vulnerar la capacidad económica. No pueden revisarse las liquidaciones firmes ni las no impugnadas a la fecha de la sentencia.
Texto oficial en Tribunal ConstitucionalSTS 1528/2019, de 5 de noviembre · Tribunal Supremo, Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) ·
Exención en IRPF de la indemnización mínima de alta dirección
Si la extinción del contrato de alta dirección por desistimiento da derecho a una indemnización mínima obligatoria de siete días por año con tope de seis mensualidades, esa cuantía está exenta de IRPF.
Texto oficial en CENDOJSTS 98/2018, de 26 de febrero · Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil) ·
La retribución del consejero ejecutivo exige cobertura en estatutos
En las sociedades no cotizadas, la reserva estatutaria y el límite máximo aprobado por la junta alcanzan también a los consejeros delegados o ejecutivos. El contrato del art. 249 LSC se suma a esas exigencias, no las sustituye.
Texto oficial en CENDOJ
Resoluciones reales consultadas en fuentes oficiales. El resumen es propio y no sustituye la lectura del texto íntegro ni el análisis de cada caso.
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