Litigación y defensa
Defensa penal y acusación particular desde la primera citación
El área penal de Gold and Koleman asiste a personas detenidas o citadas como investigadas, dirige su defensa durante la instrucción y el juicio, y ejerce la acusación particular en nombre de víctimas y perjudicados. Interviene desde la primera diligencia policial hasta los recursos contra la sentencia. En penal, lo que se declara el primer día condiciona todo el procedimiento.
Derecho penal
Una citación como investigado, un registro o una detención llegan sin aviso y obligan a decidir en horas. Declarar o guardar silencio, entregar o no un dispositivo, aportar ya documentación o esperar a conocer la causa: cada elección tiene efectos que después no se corrigen. Nuestra primera tarea es que nadie declare sin haber hablado antes con su abogado y sin saber de qué se le acusa exactamente.
También actuamos del otro lado. Quien ha sufrido un delito puede personarse en la causa con su propio abogado, proponer diligencias, recurrir un archivo y reclamar en el mismo proceso la indemnización por los daños. La acusación particular no depende del criterio del Ministerio Fiscal, y en delitos patrimoniales o tecnológicos suele ser quien aporta la prueba que mueve la investigación.
Esta área cubre los delitos contra las personas, el patrimonio, la intimidad y los cometidos por medios informáticos. Los delitos vinculados a la gestión de sociedades, como la administración desleal, la insolvencia punible o el delito fiscal, se tratan en el área de penal económico. Cuando la investigada es la propia empresa, intervenimos junto al equipo de compliance e investigaciones.
En qué trabajamos
Asistencia al detenido
La detención policial no puede durar más del tiempo imprescindible y, en todo caso, un máximo de 72 horas antes de la puesta en libertad o a disposición judicial. El detenido tiene derecho a guardar silencio, a conocer los motivos de la detención, a acceder a los elementos esenciales de las actuaciones para impugnarla y a entrevistarse reservadamente con su abogado antes de declarar. Acudimos al centro de detención, asistimos en la declaración y, si la detención es ilegal, promovemos el habeas corpus.
Art. 17 CE; art. 520 LECrim
Defensa penal
La investigación judicial tiene un plazo máximo de doce meses, que el juez puede prorrogar por periodos de hasta seis. En ese tiempo se decide casi todo: qué diligencias se practican, si hay medidas cautelares y si la causa se archiva o llega a juicio. Estudiamos las actuaciones, proponemos prueba de descargo, recurrimos las resoluciones que perjudican al investigado y preparamos el juicio oral. Cuando conviene, negociamos una conformidad con las acusaciones.
Arts. 118 y 324 LECrim
Acusación particular
La víctima o el perjudicado pueden ejercer la acción penal y la civil en la misma causa. La personación es posible en cualquier momento anterior al trámite de calificación, aunque no retrotrae lo ya actuado, de modo que conviene hacerlo pronto. Redactamos la denuncia o la querella, proponemos diligencias de investigación, solicitamos medidas para asegurar la indemnización y formulamos escrito de acusación propio, con independencia de lo que pida el fiscal.
Arts. 109 bis y 110 LECrim; Ley 4/2015
Delitos contra el patrimonio
Hurto, robo, estafa, apropiación indebida, daños y usurpación. La cuantía marca la frontera entre el delito leve y el menos grave: 400 euros en el hurto, la estafa y la apropiación indebida. En la estafa, la pena sube a entre uno y seis años de prisión cuando lo defraudado supera los 50.000 euros o afecta a muchas personas. Defendemos a investigados y representamos a perjudicados que quieren recuperar lo perdido.
Arts. 234-269 CP
Delitos contra las personas
Lesiones, homicidio imprudente, amenazas, coacciones y delitos contra la libertad. En las lesiones, la clave es si el resultado exigió tratamiento médico o quirúrgico además de la primera asistencia, porque de ello depende que el hecho sea delito menos grave o leve. El informe forense y la documentación médica son la prueba central. Asumimos la defensa o la acusación y la reclamación de la indemnización por secuelas, días de curación y daño moral.
Arts. 138-172 ter CP
Delitos informáticos
Acceso ilícito a sistemas, daños informáticos, secuestro de datos, estafas mediante manipulación informática y uso fraudulento de tarjetas o medios de pago. La prueba es volátil: los registros de acceso se sobrescriben y las entidades conservan los datos por tiempo limitado. Por eso lo primero es preservar evidencias con garantías técnicas y pedir cuanto antes al juzgado el bloqueo de cuentas y la identificación de titulares. Trabajamos con peritos informáticos forenses.
Arts. 197 bis, 249 y 264 CP
Delitos contra la intimidad
Apoderarse de correos o mensajes ajenos, interceptar comunicaciones, instalar programas espía, acceder a datos reservados o difundir sin permiso imágenes íntimas, aunque se obtuvieran con consentimiento. El tipo básico se castiga con prisión de uno a cuatro años. Por regla general hace falta denuncia de la persona agraviada, y su perdón extingue la acción penal. Asesoramos también a empresas sobre los límites al revisar equipos y correo corporativo de sus empleados.
Arts. 197-201 CP
Recursos penales
Los autos del instructor se recurren en reforma, en tres días, y en apelación, en cinco. La sentencia del juez de lo penal se apela ante la Audiencia Provincial en diez días; la dictada por la Audiencia en primera instancia, ante el Tribunal Superior de Justicia. Después caben la casación ante el Tribunal Supremo, que se prepara en cinco días, y el amparo constitucional. Revisamos la sentencia y la grabación del juicio para identificar motivos con recorrido real.
Arts. 211, 766, 790, 846 ter y 856 LECrim
Qué hacer si te citan como investigado
El orden importa. Estos pasos valen también cuando el citado es un directivo o un empleado de tu empresa.
No declares sin abogado
Ni ante la policía ni de manera informal. Tienes derecho a guardar silencio y a no contestar a alguna o a ninguna de las preguntas, sin que eso pueda interpretarse como admisión.
Averigua de qué se te acusa
Tu abogado debe personarse en la causa y obtener copia de las actuaciones antes de la declaración, salvo que estén declaradas secretas.
Conserva todo y no borres nada
Correos, mensajes, contratos y registros contables. Destruir o alterar documentación puede constituir un delito distinto y elimina prueba de descargo.
No contactes con otros implicados ni con la víctima
Cualquier comunicación puede leerse como presión a testigos y justificar una medida cautelar más grave.
Decide la estrategia de declaración
Declarar, hacerlo solo a preguntas de tu defensa o aplazar la declaración hasta conocer la causa son opciones legítimas que se eligen caso por caso.
Revisa los seguros
Las pólizas de responsabilidad de administradores y directivos y las de defensa jurídica pueden cubrir los gastos de defensa y la fianza.
Recursos penales y sus plazos
Los plazos en el proceso penal son muy breves y se cuentan desde la notificación.
| Resolución | Recurso | Plazo | Quién resuelve |
|---|---|---|---|
| Auto del juez instructor | Reforma | 3 días | El mismo juez |
| Auto del juez instructor (procedimiento abreviado) | Apelación, directa o subsidiaria a la reforma | 5 días | Audiencia Provincial |
| Sentencia del juez de lo penal | Apelación | 10 días | Audiencia Provincial |
| Sentencia de la Audiencia Provincial en primera instancia | Apelación | 10 días | Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia |
| Sentencia dictada en apelación, en los casos previstos por la ley | Casación | 5 días para prepararla | Sala Segunda del Tribunal Supremo |
Arts. 211, 766.3, 790.1, 846 ter y 856 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No recomendamos declarar a quien todavía no ha podido leer la causa. El silencio inicial es un derecho, no una admisión, y casi siempre puede declararse más adelante con mejor información.
Preguntas frecuentes sobre el proceso penal
¿Cuánto tiempo puede estar detenida una persona?
El tiempo estrictamente necesario para esclarecer los hechos y, como máximo, 72 horas. Dentro de ese plazo debe quedar en libertad o pasar a disposición judicial. El juez dispone entonces de otras 72 horas para decidir si la deja en libertad o acuerda prisión provisional. El abogado designado debe acudir al centro de detención con la máxima premura y siempre en un máximo de tres horas desde que recibe el aviso.
¿Qué diferencia hay entre denuncia y querella?
La denuncia pone unos hechos en conocimiento de la policía, la fiscalía o el juzgado y no convierte al denunciante en parte del proceso. La querella es un escrito formal, con abogado y procurador, por el que además se ejerce la acción penal y se piden diligencias concretas. La víctima que denuncia puede personarse después como acusación particular sin necesidad de querella.
¿Puedo retirar una denuncia?
Depende del delito. En los delitos públicos, que son la mayoría, el proceso continúa aunque el denunciante se desentienda, porque el fiscal está obligado a sostener la acusación si hay indicios. En los delitos que solo se persiguen a instancia de la persona agraviada, la ley prevé en determinados casos que el perdón del ofendido extinga la acción penal, como ocurre con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
¿Cuándo prescribe un delito?
Depende de la pena máxima prevista. Prescriben al año los delitos leves y los de injurias y calumnias; a los cinco años, la generalidad de los delitos menos graves; a los diez, los castigados con prisión o inhabilitación de más de cinco y hasta diez años; a los quince y a los veinte, los más graves (art. 131 del Código Penal). El plazo se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra la persona indiciariamente responsable.
¿Una condena de dos años implica entrar en prisión?
No necesariamente. El juez puede suspender la ejecución de las penas de prisión que no superen los dos años si el condenado ha delinquido por primera vez y ha satisfecho la responsabilidad civil o asumido un compromiso de pago creíble. No es automático: el tribunal valora las circunstancias del hecho y de la persona, y puede condicionar la suspensión al cumplimiento de reglas de conducta o al pago de una multa.
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