¿Quién tiene derecho a abogado gratis?
Quien acredite insuficiencia de recursos para litigar, en los términos de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita. Para las personas físicas hay dos requisitos acumulados (art. 3): carecer de patrimonio suficiente y no superar un umbral de ingresos brutos anuales, computados por unidad familiar y referidos al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente al presentar la solicitud.
¿Cuáles son los umbrales de ingresos?
El IPREM está fijado en 600 euros mensuales y 7.200 euros anuales por la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (disposición adicional nonagésima), última ley de presupuestos aprobada. Con esa cifra:
| Situación | Múltiplo | Ingresos brutos anuales máximos |
|---|---|---|
| Persona no integrada en ninguna unidad familiar | 2 veces el IPREM | 14.400 euros |
| Unidad familiar de menos de cuatro miembros | 2,5 veces | 18.000 euros |
| Unidad familiar de cuatro o más miembros, o familia numerosa | 3 veces | 21.600 euros |
| Reconocimiento excepcional por circunstancias familiares, de salud o discapacidad | Hasta 5 veces | 36.000 euros |
El reconocimiento excepcional lo decide la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita mediante resolución motivada, y puede limitarse a algunas prestaciones (art. 5). Los ingresos se valoran individualmente si en el litigio hay intereses familiares contrapuestos, como en un divorcio (art. 3.3).
¿Quién lo tiene sin acreditar falta de recursos?
El artículo 2 lo reconoce con independencia de los ingresos, entre otros, a:
- Víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, en los procesos vinculados a esa condición.
- Mujeres y menores víctimas de delitos contra la libertad sexual, y personas con discapacidad necesitadas de especial protección víctimas de determinados delitos graves.
- Quien sufra un accidente con secuelas permanentes que le impidan totalmente su ocupación habitual y requiera ayuda de otra persona, para reclamar la indemnización por daños personales y morales.
- Trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, en el orden social.
- Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en todo caso.
¿Qué cubre?
No solo el abogado. El artículo 6 incluye asesoramiento previo, defensa y representación por abogado y procurador cuando son preceptivos, exención de tasas y de depósitos para recurrir, edictos gratuitos, asistencia pericial a cargo de personal técnico de la Administración y reducción del 80 % en determinados aranceles notariales y registrales. Comprende también la asistencia de abogado en la negociación previa exigida antes de demandar.
¿Cómo se pide?
- Dónde: ante el Colegio de la Abogacía del lugar del juzgado que conozca del asunto, o ante el juzgado de tu domicilio, por cualquier medio, también electrónico (art. 12).
- Con qué: solicitud que indique las prestaciones que pides, los datos económicos y patrimoniales de la unidad familiar, la pretensión y la parte contraria (art. 13).
- Quién resuelve: la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en un máximo de treinta días desde que recibe el expediente (art. 17).
- Si la deniegan: impugnación escrita y motivada en diez días, sin necesidad de abogado, que resuelve el juez (art. 20).
La solicitud no suspende por sí sola el proceso ni los plazos. Si corre un plazo para contestar o recurrir, pide expresamente la suspensión: el tribunal puede acordarla para evitar la indefensión (art. 16.1). Presentada antes de demandar, interrumpe la prescripción y suspende la caducidad hasta la designación provisional de abogado (art. 16.2).
¿Y las empresas?
Las sociedades mercantiles no tienen justicia gratuita como regla. La ley la reconoce a asociaciones de utilidad pública y fundaciones inscritas cuyo resultado contable anual sea inferior al triple del IPREM (arts. 2.c y 3.5), a las microempresas sin recursos en el procedimiento especial del libro tercero de la Ley Concursal (art. 2.g) y, en el orden penal, a sociedades insolventes, en concurso o disueltas sin actividad cuando el juzgado requiere la designación de defensa (art. 2.l).
Para una sociedad o un socio que supera los umbrales, la alternativa no es la justicia gratuita, sino pactar los honorarios: a éxito si el asunto es viable, o con pago a plazos. Las fórmulas están en contratar un abogado sin pagar por adelantado.
Qué mirar en tu caso
- Ingresos brutos de toda la unidad familiar, no solo los tuyos.
- Patrimonio: se valoran los inmuebles que no sean tu vivienda habitual y los rendimientos del capital mobiliario (art. 4.2). Pueden excluirte aunque los ingresos sean bajos.
- Plazo procesal abierto: pide la suspensión el mismo día de la solicitud.
- Si eres demandado, comunica al tribunal la solicitud dentro de los tres días siguientes a recibir la demanda cuando el abogado no sea preceptivo (art. 32 LEC).
Normativa
- Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita: arts. 2 a 6, 12, 13, 16, 17, 20 y 36.
- Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023: disposición adicional nonagésima (IPREM).
- Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil: art. 32.
- Real Decreto Legislativo 1/2020, texto refundido de la Ley Concursal: libro tercero.